ITALIA: UN INDISPENSABLE VIRAJE EN LA CONCEPCIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

• Junio 20, 2020
• POR SALVADOR MARCONI R, ECONOMISTA, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA, GESTIÓN Y SALUD. 20 DE JUNIO 2020

Italia está dando los primeros pasos para salir de la cuarentena y su sistema económico pretende retomar el camino de regreso hacia la “normalidad”. Sin embargo, aún enfrenta serios riesgos relacionados con la evolución de la pandemia, en un marco económico general considerablemente diferente al de la pre-pandemia.

En efecto, aunque ha pasado poco menos de un semestre desde que se identificó el primer caso de contagio del coronavirus, las perspectivas han cambiado drásticamente; ahora, el riesgo consiste en que, una vez terminada esta fase de clausura, las empresas podrían detener o reducir su producción por nuevas oleadas de contagio y/o por insuficiencia de demanda.

Conjuntamente con las medidas destinadas a enfrentar la emergencia sanitaria, fueron adoptadas otras orientadas a apoyar -a través de políticas fiscales y monetarias- una economía que ya venía poniendo en evidencia claros signos de recesión.

El gobierno de centro-izquierda de Giuseppe Conte (Partido Democrático y Movimiento 5 Estrellas) ha propuesto y adoptado una serie de medidas orientadas a impulsar una expansión económica de carácter excepcional que involucran tanto la oferta como la demanda de bienes y servicios. En marzo 2020 se adoptó el Decreto “Italia Sana” y a mediados de mayo el de “Reactivación Económica”.

Por otra parte, en estos días (mediados de junio) el gobierno convocó a los Estados Generales, es decir, a los principales representantes de los organismos de la Unión Europea (Presidentes de la Comisión y de su Parlamento, a su Comisario Económico, a la Presidente del Banco Central Europeo, a la Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional, a los sindicatos y gremios de la producción, a los partidos políticos y a una serie de think tank para repensar el futuro de la sociedad y de la economía italiana (entre los que cabe citar la Comisión Colao) y la manera más adecuada de utilizar un considerable monto de recursos que deberá proveer la Comunidad Europea y el Banco Central Europeo mediante el recientemente creado Fondo de Recuperación (Recovery Fund).

El objetivo de esta nota es presentar una breve reseña de las medidas adoptadas por el gobierno y parlamento italianos para enfrentar -en el corto y mediano plazo- la crisis generada por el coronavirus. En otra entrega se podría analizar el resultado de los Estados Generales y las sugerencias formuladas en el Informe de la Comisión Colao, en el que se presenta una perspectiva estructural de más largo aliento.

El marco macroeconómico en todos los países cambia continuamente y, en una fase de incertidumbre como la actual, el conjunto de informaciones puede modificarse sustancialmente incluso después de unos días, lo que supone revisiones permanentes de los pronósticos económicos. En términos de PIB, la Comisión Europea prevé para Italia una mayor caída en 2020 en comparación con las estimaciones del gobierno, aunque una recuperación más rápida en 2021; sin embargo, debe tenerse en cuenta que, a diferencia de este último, la Comisión Europea incorpora en sus previsiones el monto de recursos destinados a una política presupuestaria más expansiva. En cuanto a las estimaciones de las variaciones de precios, se está convergiendo hacia pronósticos de inflación muy bajos.

Fuente: elaboración propia, en base a información oficial del FMI, del gobierno de Italia y de la Comisión Económica de la Unión Europea.

En Italia, la fase de reapertura de las actividades económicas comenzó el 4 de mayo, aunque ya se habían adoptado varias medidas de política económica. Una de ellas es el denominado Decreto “Italia Sana” (marzo 2020) y otro, más reciente, denominado “Reactivación Económica” (mayo 2020).

Decreto Italia Sana (“Cura Italia”)

A manera de síntesis, las medidas adoptadas en marzo 2020, fueron las siguientes ¹ :

• Recursos adicionales para la salud, asistencia social y protección civil, para satisfacer las necesidades de personal y equipos para enfrentar la crisis, teniendo en cuenta la larga fase previa de desmantelamiento de la infraestructura sanitaria, en la lógica de la “racionalización y austeridad fiscal”.

• Fortalecimiento de la Cassa Integrazione (es decir, el Fondo de Garantía que es utilizado por las empresas en crisis, en caso de despidos “ordinarios” de los trabajadores del sector formal) así como medidas para la protección de otros trabajadores con el objetivo de que nadie pierda su empleo por la emergencia sanitaria. Esos recursos podían ser utilizados para pagar los sueldos y salarios durante 9 semanas en todos los sectores, incluso en aquellos que no tenían ese derecho hasta entonces, como es el caso de la hotelería, turismo, agricultura y pesca, inclusive para las empresas con menos de 5 trabajadores que suspenderían o reducirían su actividad productiva durante la emergencia, evitando el despido “ordinario” de sus trabajadores.

• Apoyo a los trabajadores por cuenta propia, incluidos los trabajadores no formales y los temporeros a través de una asignación económica de € 600, no imponible, que debió concederla el Instituto Nacional de Previsión Social (INPS).

• Suspensión de los plazos de pago de las obligaciones fiscales y de la seguridad social. Esto incluye, entre otros elementos, la suspensión del pago de impuestos, contribuciones a la seguridad social y asistencia social y primas de seguro obligatorio para los meses de marzo y abril, junto con el pago del IVA en marzo.

• Liquidez a empresas y familias. Se pusieron a disposición 5 mil millones de euros para garantizar la liquidez de la economía y un mayor acceso al crédito. En colaboración con el sistema bancario, se establecía la moratoria de los préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas (hipotecas, arrendamientos, aperturas de créditos y vencimientos de préstamos a corto plazo) y la suspensión de las cuotas de préstamos e hipotecas para quien habían experimentado una reducción en su nivel de ingreso.

• Apoyo a las empresas. Se introdujeron medidas específicas en diversos sectores para enfrentar los efectos de la propagación de covid-19. Además, se estableció un crédito fiscal del 60% para los negocios comerciales, tiendas y multi-tiendas con el objetivo de facilitar el pago de los alquileres.

• Equilibrio trabajo-vida. En apoyo a las madres y padres que trabajan, incluso por cuenta propia -y a partir del cierre de las escuelas y colegios- fue posible solicitar 15 días adicionales de licencia remunerada al 50% para los padres con hijos de hasta 12 años y sin límite de edad para los niños discapacitados.

• Administraciones públicas. Durante el estado de emergencia, el home office (teletrabajo) fue la manera usual para el desempeño laboral en toda la administración pública.

• Por la urgencia de responder a las necesidades más urgentes de la parte más pobre de la población, a finales de marzo el gobierno decidió anticipar el pago de 4.300 millones de euros a disposición del Ministerio del Interior y 400 millones adicionales a través de la protección civil, montos que debieron ser utilizados para que los municipios pudieran distribuir alimentos e insumos básicos (un bono de compra o la compra directa de alimentos para entregar a los hogares en dificultades).

Se trataba de un paquete consistente, aunque estuvo latente el riesgo de ser insuficiente frente a la magnitud de la pandemia; en efecto, hubo necesidad de una nueva y sustancial asignación para mantener las medidas de distanciamiento social que permitan hacer frente a la emergencia.

Durante el mes de abril, se planteó la necesidad de crear un ingreso de emergencia (adicional al ingreso de ciudadanía existente y que fue establecido durante el primer gobierno de centro-derecha liderado por Giuseppe Conte, en el año 2018) para asignar recursos por uno o dos meses a los trabajadores de la denominada “economía subterránea”: trabajadores ocasionales, temporales, domésticos y cuidadores.

Decreto Reactivación Económica (Rilancio)

Objeto de una larga gestación, el Decreto de Reactivación Económica fue aprobado por el gobierno a mediados de mayo, estableciendo nuevas medidas para fortalecer la recuperación económica del país. Esta es una de las intervenciones de política fiscal más poderosas de las últimas décadas: se destinan recursos por casi 155 mil millones de euros en 2020, que suman los 25 mil millones de euros asignados con Italia Sana, además de otros 26 mil millones para el año 2021.

Teniendo en cuenta el total de recursos asignados -que para 2020 ascienden a 155 mil millones de euros (alrededor del 9,5% del PIB) gran parte (más de 97 mil millones de euros) están dirigidos a reducir la carga fiscal de las empresas y apoyar determinadas partidas de gastos (por ejemplo, créditos fiscales para financiar el costo de los alquileres, reducción de las tarifas de electricidad para el segundo trimestre del año) pero, sobre todo, para crear fondos en apoyo de la liquidez empresarial.

De hecho, se creó el Fondo para la Concesión de Garantías sobre préstamos a las empresas (30 mil millones de euros) por un monto de 44 mil millones de euros, con el objetivo de implementar medidas para relanzar el sistema económico y productivo italiano. Además, 12 mil millones se destinaron al pago de deudas comerciales de las Regiones y las autoridades locales. Por lo tanto, es evidente que el apoyo de liquidez es el capítulo principal de las intervenciones propuestas; su objetivo es mantener la capacidad productiva, evitando crisis de liquidez, deudas incobrables y quiebras. Por lo tanto, las medidas se suman a las introducidas previamente, para reforzarlas y ampliarlas.

Otro capítulo importante del gasto está representado por las redes de seguridad social; muchas medidas establecidas con el Decreto Italia Sana fueron refinanciadas, como el fondo de despido ordinario, extraordinario y derogatorio y el Fondo de Solidaridad (que absorbe 5.6 mil millones de euros), extendiendo la duración de su utilización. La compensación para los trabajadores independientes y los ingresos de emergencia (ingreso de ciudadanía) también fueron ampliados en su duración.

Ambos macroelementos (apoyo a las empresas y a los trabajadores) representan el punto fuerte de estos decretos, así como la mayoría de los recursos asignados. El decreto de reactivación establece numerosas medidas para revitalizar a los sectores más afectados por las consecuencias del lockdown como el transporte y el turismo; la exención del impuesto predial para propiedades turísticas, restaurantes, etc. Como una innovación, se asignan recursos (aunque limitados) al sector de educación e investigación.

Obviamente, una parte importante del gasto, como había sido el caso de Italia Sana, está representada por la salud y la seguridad: este capítulo incluye todas las medidas para la emergencia relacionadas con la epidemia y su gestión. Finalmente, algunos recursos se dedican a la reorganización estructural de la asistencia territorial y la red hospitalaria.

En cualquier caso, se trata de un paquete de medidas presupuestarias que se caracterizan por su efecto expansivo en el gasto fiscal.

El cuadro adjunto presenta una comparación de las medidas introducidas por el Decreto Italia Sana las del Decreto de Reactivación Económica (expresadas en términos de endeudamiento neto). Como se puede observar, el esfuerzo conjunto de los dos decretos es significativo, llegando a casi 75 mil millones de euros en 2020 y otros 26 en 2021. En algunos casos, el decreto de reactivación económica marcó cierta continuidad con el decreto de marzo, pero en la mayoría de los casos implicó un considerable monto de recursos asignado a otros ítems.

Fuente: Gabriele Olini; L´economia e il coronavirus, Seminario di riflessione, Fondazione Ezio Tarantelli – Centro Studi, Ricerca e Formazione, Sicilia, 12 junio 2020

Es posible advertir que las medidas de política económica adoptadas oportunamente en Italia -así como en otros países europeos- tienen el claro propósito de superar la emergencia sanitaria, reactivar la economía y preservar el poder adquisitivo de los hogares, medidas que siguen teniendo una inspiración keynesiana.

Algunas (muchas) medidas han sido replicadas en varios países de América Latina, inclusive en Chile, aunque su diferencia radica -por lo pronto- en el monto de recursos que han sido destinados a superar la emergencia sanitaria, social y económica.

No obstante, una de las secuelas de esta pandemia es el viraje de 180 grados en la concepción económica y ambiental, no solo en Italia, sido también en otros países miembros de la Unión Europea. Europa está aprendiendo la lección y retomando uno de sus principios fundacionales: la necesidad de fortalecer el welfare state, pero en un marco de desarrollo sostenible y de bienestar humano.

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