Democracias enfermas: los movimientos sociales en la experiencia italiana y en el caso chileno

• Mayo 17, 2020
• POR GIUSEPPINA SARA DA ROS. ECONOMISTA, INVESTIGADORA DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA, GESTIÓN Y SALUD. 17 DE MAYO 2020

Un movimiento es una forma de protesta colectiva, más o menos organizada, que se expresa mediante canales y formas no siempre institucionales. Sus manifestaciones están dirigidas a promover [o impedir] cambios sociales y políticos, o a buscar la defensa de un determinado principio, de una situación transitoria o –simplemente- del status quo. Por su vocación, diversidad y objetivos perseguidos, los movimientos sociales son múltiples y variados, y constituyen -en última instancia- una de las principales formas de participación ciudadana.

Históricamente, los movimientos sociales surgieron con una finalidad de cambio. Durante el siglo XIX, esas transformaciones presentaron un carácter revolucionario, con el objetivo de instaurar un régimen socialista, y fueron conducidas por la clase obrera. En el siglo XX, se utiliza el término movimiento para caracterizar actividades en esferas distintas: a nivel cultural, social, político y económico, con diferentes orientaciones ideológicas y englobando personas de diferentes clases sociales. Ese es el caso, por ejemplo, del movimiento feminista, pacifista, ecologista y antiglobalizaciòn. Su finalidad fue movilizar a la opinión pública y presionar al poder político para modificar determinadas políticas públicas y plantear alternativas para alcanzar objetivos específicos.

En el proceso de transición desde el “movimiento obrero” hacia los “nuevos movimientos sociales y globales” pueden distinguirse por lo menos dos etapas: la primera entre los años sesenta y setenta del siglo XX y la segunda en el transcurso de los años noventa (Ceri, 2005:2).

En la primera fase, el movimiento obrero tuvo mayor protagonismo y duración en relación a otros movimientos¹, al constituirse como expresión de los conflictos industriales de la época y del descontento de los trabajadores, mal remunerados y explotados al interior de las fábricas, y privados de las condiciones y servicios sociales mínimos de supervivencia (habitacionales, de salud y educación). Los principales protagonistas e instancias de expresión de lucha y de reivindicaciones laborales fueron los sindicatos, tanto dentro como fuera de las fábricas.

Hubo también mucho activismo espontáneo a nivel de las fábricas, no siempre coordinado por las organizaciones sindicales².

Sin embargo, “en el momento en el que se escribía una importante página de la historia de las organizaciones sindicales […] los trabajadores se dieron cuenta que las conquistas obtenidas venían en gran parte absorbidas por un sistema económico y social desequilibrado” (Arriva, 2015: 103) y que la acción sindical no era suficiente; se necesitaba también intervenciones eficaces de política económica capaces de garantizar una efectiva redistribución del ingreso.

De ahí que el movimiento obrero italiano terminó por aceptar la idea que la sociedad podía transformarse mediante un cambio político y -por ende- con la conquista del poder mediante las urnas o un pacto social³. Inició así la sumisión a los partidos políticos y la pérdida paulatina de su autonomía, reflejada en un sistemático proceso de debilitamiento.

A partir de la segunda mitad de la década de los setenta, y con ritmo acelerado desde los años ochenta, la sociedad italiana asiste a un profundo cambio al transitar desde una sociedad industrial a una post-industrial⁴, lo que genera una serie de transformaciones en diferentes aspectos de la vida social. Entre los cambios registrados, cabe señalar –esquemáticamente- los siguientes:
1. Se pasa de una economía esencialmente productora de bienes a otra con una vigorosa participación de los servicios, lo que termina por comprimir siempre más el espacio dejado al trabajo manual e industrial tradicional (Paci, 1991:199).
2. A consecuencia de la revolución tecnológica en curso, disminuye el uso de la mano de obra sustituida por máquinas y aumenta la demanda de trabajo tecnificado y especializado.
3. El Estado deja de ser el redistribuidor del bienestar, el compensador de las brechas sociales y el impulsor del desarrollo, transformándose en el regulador del mercado.
4. La escuela es objeto de nuevas demandas para las cuales no encuentra respuestas.
5. Con el desarrollo de formas de control de la natalidad, se produce un decrecimiento demográfico.
6. Termina la división entre esfera productiva y reproductiva, y las mujeres -hasta entonces recluidas al ámbito doméstico- reivindican un nuevo papel en la sociedad.
7. La familia deja de cumplir su papel socializador y de cohesión social lo que conduce a una crisis de valores y al enfrentamiento generacional, y -en particular- de género.
8. Se introduce -con fuerza- el derecho a la diferencia (sobre todo de tipo sexual y cultural) y su reconocimiento y valorización.
9. Se implementan nuevas tecnologías de información y cambian las formas de comunicación interpersonales: se crean y fortalecen las redes sociales.
10. Surgen cuestionamientos sobre los mecanismos de participación social y política y sobre la estabilidad democrática del sistema vigente.
11. El movimiento obrero queda encapsulado y subordinado al partido, hasta el punto de ser desplazado.
12. Las viejas fórmulas ideológicas pierden fuerza; la alternancia izquierda-derecha es cuestionada: se considera “lo mismo de siempre”.
13. Los ciudadanos se distancian cada vez más de los partidos y aumenta el descontento y la desconfianza (múltiples casos de corrupción en los partidos políticos y en el ámbito financiero).
14. La participación ciudadana asume nuevos causes y formas: declina el partido de masa y el voto de pertenencia, y se refuerzan y desarrollan los partidos de opinión que ofrecen una participación directa a través de las redes sociales.
15. Se discute sobre el tipo de sociedad al que se aspira y sobre los criterios de legitimación y los valores que deben inspirar las opciones políticas, económico-productivas y de comportamiento social.
16. Crece la preocupación por el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del planeta.
17. Se acentúan las interdependencias económicas y financieras en un mundo globalizado sin reglas, excepto las inspiradas por la ganancia y la explotación, resultado de un específico modelo de desarrollo (el capitalismo).
18. Los propios organismos regionales e internacionales siguen impulsando la adopción de políticas inspiradas en el libre mercado y en el desmantelamiento del welfare, aumentando las desigualdades y la pobreza.
19. La población, al pagar el precio de políticas fiscales restrictivas e inequitativamente impositivas, se aleja de las formas tradicionales de conducción del Estado y se refugia en el activismo de nuevos grupos populistas y anti-sistema.
20. Esos grupos, aunque son muy heterogéneos en lo que se refiere a intereses perseguidos, se declaran portavoces de una democracia participativa; irrumpen en la escena política utilizando de manera masiva las renovadas tecnologías informáticas y los social network, promoviendo así una reapropiación del espacio público.
21. A través de las “redes”, se impulsa una nueva reflexión institucional y jurídica sobre el concepto de voto y sobre la idea misma de democracia participativa, pues “la palabra democracia se ha vaciado progresivamente de su contenido [….] reduciéndose a un fetiche, una cáscara vacía que opera mecánicamente de manera tal de autolegitimarse⁵” (Procentese, 2017:161).

A raíz de la crisis institucional y social existente, se pone en discusión dos importantes pilares de la democracia representativa: el ámbito nacional, en favor de lo global y de organismos de integración regional (la Unión Europea en el caso de Italia y OEA, CARICOM, MERCOSUR, CAN, entre otras, en América Latina)⁶; y el de la mediación, pues todo el sistema político está organizado por un conjunto de delegaciones en cascada: desde los ciudadanos a los representantes de los partidos, de ellos a los organismos parlamentarios y del ejecutivo, así como a los organismos de integración regional.

En la actualidad, ningún país puede tomar decisiones soberanas y decidir autónomamente sus propias políticas económicas y sociales pues los organismos supranacionales imponen sus normas. De ahí que los estados miembros tienen que aceptar y adoptar políticas de austeridad (sobre todo el recorte del gasto social) muchas veces inapropiadas que, en vez de resolver los problemas generados por modelos neoliberales de gestión económica, acentúan los conflictos generados al imponer a la población injustos sacrificios.

Por lo demás, en muchos países europeos, esas medidas de corte neoliberal, han sido acompañadas – en las últimas décadas – por una disminución de los estándares de protección a los trabajadores (flexibilidad del empleo e inestabilidad de los puestos de trabajo), eludiendo la responsabilidad directa del Estado en la erogación de aquellas prestaciones sociales que habían caracterizado las democracias y el Welfare post segunda guerra mundial.

En América Latina, en particular en Chile, independientemente de la orientación política de los partidos o coaliciones en el poder, la acción gubernamental se ha visto mermada y condicionada: aumenta la ingerencia (y la coacción económica) de las grandes empresas nacionales y multinacionales (y su colusión); se privatizan recursos naturales de vital importancia (como el agua) y servicios básicos para la población (como la energía eléctrica) que exacerban las desigualdades.

A pesar de los intentos de dar un nuevo marco y ordenamiento al sistema económico vigente, la ausencia de políticas sociales y laborales en grado de incidir significativamente sobre los principales problemas estructurales, conduce a las instancias del Estado a un rotundo fracaso. La falta de adecuadas políticas expansivas, las cláusulas fiscales y la obligación de mantener el gasto público dentro de ciertos márgenes preestablecidos y la adopción de políticas de austeridad ponen en riesgo la estabilidad política de muchos Estados europeos y latinoamericanos, y la existencia misma de los organismos de integración regional.

Frente a esa situación, varios otros elementos se manifiestan y encuentran cabida en el vacío imperante de las estructuras sociales y políticas.

De la crisis económica deriva una crisis política. Se transita de una democracia enferma a una crisis galopante de representatividad. Los ciudadanos sienten que no se los toma en consideración en las decisiones que los conciernen. La sobreposición de poderes administrativos nacionales y supra-nacionales, que condicionan y limitan la expresión ciudadana e introducen normas desde lo alto sin la consulta pertinente, generan malestar y descontento entre la población que, rechazando las formas tradicionales de canalización de las protestas (partidos políticos y sindicados), optan por salir directamente a las calles y plazas manifestando su disconformidad y su rabia frente al abuso y a las inequidades existentes.

Se trata de sectores sociales de clase media y baja empobrecidos que no son ni de derecha ni de izquierda, pues las ideologías son transversales a esos movimientos, que reivindican una mayor voz para los ciudadanos (a través de mecanismos de democracia directa), la eliminación de los privilegios, una reducción de la carga fiscal, una mayor presencia del Estado social y nuevos mecanismos de redistribución de la riqueza. Se rechaza a los partidos políticos tradicionales, considerados como expresión de las élites más acomodadas y también a los tecnócratas llamados por varios gobiernos a remediar los excesos y daños generados por los primeros.

Esta nueva lógica de canalizar el malestar social deriva de la falta generalizada de credibilidad hacia los partidos políticos y las agrupaciones sociales tradicionales (sindicados). Los nuevos movimientos sociales que surgen en esta fase (en su mayoría de carácter populista)⁷, como resultado del activismo de algunos nuevos líderes de la sociedad civil o de grupos minoritarios que organizan multitudinarias manifestaciones, reclaman el derecho a una participación directa en la toma de decisiones colectivas, sobre todo a través de las redes sociales, sobrepasando así a los partidos tradicionales.

Sin embargo, la heterogeneidad organizativa de estos movimientos, respecto de los puntos de vista y de los objetivos perseguidos, constituye su mayor debilidad.

La situación de crisis económica y política, como se señaló, constituyó la plataforma para el desarrollo de los movimientos populistas que -con tesis simplistas- aprovecharon el descontento popular y reivindicaron en su nombre nuevos modelos societarios, antisistemas, más equitativos y representativos. Para eso, encontraron en las redes sociales los instrumentos adecuados y aliados de sus campañas, de fácil acceso para los ciudadanos que podían, de esa manera, canalizar su opinión y sus propuestas.

El fenómeno populista prácticamente desconocido en Europa, se presenta como un movimiento innovador en las últimas dos décadas en el viejo continente. Los políticos no lo consideraron un fenómeno peligroso para sus intereses y, por ende, no adoptaron oportunas medidas para contener su presencia y avanzada entre el electorado. Aún sin una estructura consolidada y una visión ideológica clara, los movimientos populistas se difundieron rápidamente.

La protesta populista asumió formas e intensidad diferentes en los países europeos donde se manifestó y donde lideró una acalorada oposición política a los gobiernos de turno y a las medidas económicas adoptadas, consideradas anti-sociales, canalizando la insatisfacción ciudadana. De ahí que logró llenar el vació institucional existente y, en algunos casos -como es el de Italia- a desplazar a los partidos tradicionales para llegar al poder.

Los nuevos movimientos sociales inciden considerablemente en la escena política italiana, en el ejercicio del poder, y sobre las estructuras de la democracia representativa amparados por las nuevas tecnologías de comunicación. A través del internet y de las redes sociales contribuyen a la actividad política nacional promoviendo una reapropiación del espacio y de la vida pública y una reflexión “anti-institucional” sobre el concepto mismo de democracia participativa.

Se puede observar un cambio de paradigma caracterizado por un regreso al nacionalismo identitario y al individualismo exacerbado que no requiere de una militancia activa ni de una representatividad formal e institucionalizada. Las redes se transforman en mecanismos para expresar descontento, frustración y rabia, para intercambiar información, denunciar y concertar movilizaciones poniendo así en jaque a los tradicionales movimientos e instrumentos de socialización y reivindicación política. No obstante, la heterogeneidad organizativa de los enfoques y de los objetivos perseguidos por los miembros de esos movimientos puede transformarse en un factor de ruptura y quiebre (las nuevas “grietas”), y conducir a consignar la batuta a un “capo” que prefiere el “culto” y no una gestión democrática de la sociedad. Es este un “amenazante terreno de encuentro entre populismo y autoritarismo” (Bosetti, 2019: XVI).

La mayoría de los actuales sistemas democráticos son representativos; es decir, el ciudadano elige una serie de representantes que toman decisiones en su nombre, en materia legislativa y ejecutiva.

Sin embargo, la lógica de la representación ya no se basa en la identificación ideológica o en la fidelidad clientelar entre los ciudadanos y sus representantes, sino en otras consideraciones (más cercanas a la lógica de mercado) como, por ejemplo, los ofertones electorales que más se acercan a las necesidades del momento (seguridad, fiscalidad, empleo, medio ambiente, anticorrupción, etc.) o a la búsqueda del mal menor⁸. De ahí que el sistema político ya no representa determinados grupos o clases sociales sino responde a determinadas prioridades individuales y las políticas públicas se ejecutan en consecuencia. Frente al escenario descrito, surge una pregunta clave: ¿es posible alcanzar una mayor y mejor democracia?

El debate en curso entre democracia representativa y directa se basa en el supuesto de Rousseau que “la soberanía no puede ser representada, por la misma razón por la que no puede ser alienada: consiste esencialmente en la voluntad general y esa voluntad no se representa: es una o es otra sin que exista punto medio” (Contrato Social, capítulo XV).

Sin embargo, y puesto que la democracia directa se expresa en la participación de cada ciudadano deliberante sin intermediación, o a través de referéndum, ese sistema -en las actuales sociedades- resultaría bastante complejo y con mucha dificultad para ser implementado. No se trata, por tanto, de sustituir una democracia representativa por una directa. En un sistema de democracia integral, las dos formas de democracia resultan necesarias, pero no son suficientes para alcanzar una democratización efectiva de la sociedad.

Para Norberto Bobbio, el punto crucial del funcionamiento del sistema democrático no es solamente quién toma las decisiones, sino y sobre todo dónde se toman; es decir, “el flujo del poder”, que puede ser descendiente (de arriba abajo) o ascendente. Hay democracia política si hay democracia social; por tanto, “el avance de la democracia se mide por la conquista de los espacios que hasta ahora están ocupados por los centros de poder no democráticos” (Bobbio, 1986: 66). La lucha debe estar dirigida hacia la concentración de poder (económico, financiero, social, cultural y político) en pocas manos y su abuso.

Por tanto, según Bobbio “para que haya más democracia, no es suficiente que la forma de la toma de decisiones sea directa o a través de representantes, sino más bien que el poder que hace posible esa toma de decisiones no se encuentre concentrado en pocas manos” (Neudecker, 2014: 5).

La democracia debe ir más allá de sus instituciones políticas e incluir otras instancias fundamentales de la sociedad civil que garanticen el debate y el disenso. Este sistema político, en efecto, supone la aceptación y respeto de todas las opiniones y posturas por diferentes o contrarias que sean, y la capacidad de encontrar un consenso sobre los temas claves de la convivencia social (y “las reglas del juego”⁹) y sobre los modelos económicos y de desarrollo a adoptarse. Solamente así habrá una sociedad realmente pluralista y democrática, en la que cada individuo se verá políticamente integrado y la forma en la que se tomen las decisiones no será relevante.

Las manifestaciones y el estallido social que desatados en Chile desde mediados de octubre 2019, invitan a reflexionar sobre lo planteado en estas notas.

El movimiento que se ha generado en el país, y que se ha demostrado difícil de controlar, tiene similitudes con el fenómeno de los “chalecos amarillos en Francia”, al ser integrado por “una masa de gente descontenta, que no es atendida por el Estado”. “Es una masa neutra, eso no existía antes, siempre eran partidos, sindicatos, organizaciones que se crearon hace 100 años. En este caso no hay eso, de ahí que el movimiento es tan extraño. Y eso es peligroso también, porque nadie está detrás para cuidarlo” (Guzmán, 2019).

“Lo que se está viviendo es el estallido del neoliberalismo en su versión más reciente”. Se trata de un modelo que ha reventado innumerables veces en las últimas décadas, siempre con resultados brutales para la población (Guizardi, 2019: 6).

Este estallido¹⁰ evidencia con mayor precisión la verdadera dimensión de las injusticias sociales y la acentuada asimetría en la distribución de la riqueza. Ese modelo socio-económico, basado en la ganancia, la competencia y el consumismo exacerbado, ha demostrado una gran rigidez frente a las demandas sociales de mejores salarios y jubilaciones (actualmente miserables), y terminar con la injusticia social, la mercantilización de la salud y seguridad social y de la vida.

La explosión violenta¹¹ en las calles es el resultado también de la crisis de representación política. El sistema de democracia representativa se ha desvalorizado así como el votar y elegir, sobre todo entre los jóvenes (aunque no sólo entre ellos) que “renunciaron a una parte de la ciudadanía pues sintieron que la política “oficial” prescindía de ellos; que no se ofrecía como canal o aliada para expresar descontentos, demandas o participación sustantiva” (González M., 2019: 2).

Frente a la ruptura social y política que las manifestaciones sociales expresan, se requiere una renovada institucionalidad que sepa responder a las exigencias sociales de cambio del modelo económico y encontrar caminos alternativos que permitan avanzar hacia un nuevo pacto social, sin caer en “los cantos de sirena del populismo”.

La esperanza de establecer la prioridad del bienestar de los ciudadanos por encima de la supremacía de los mercados está repuesta en los nuevos movimientos sociales en su calidad de defensores del bien común y del medio ambiente, que buscan proponer alternativas comunitarias para construir espacios de mayor participación directa, de una más equitativa redistribución de la riqueza (y no sólo del ingreso!!!), de una mayor inclusión social e iguales oportunidades y derechos para todos.

Esos movimientos, aunque pueden ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de expresar sus opiniones, “son la expresión de una democracia directa que emana de la crisis de la democracia representativa”. Sin embargo, las protestas no constituyen la solución de largo plazo; muchas veces responden a temas específicos y no consideran otros aspectos importantes para el bienestar común. Pretenden renovar la forma de hacer política y terminar con la partitocracia y la corrupción más que modificar el sistema capitalista y las formas de redistribución de la riqueza. Además, esas formas de disenso y descontento pueden ser objeto de instrumentalización y manipulación por parte de determinadas fuerzas políticas mejor organizadas.

De ahí que es necesario que existan nuevas instituciones del Estado que hagan sentir su presencia en la sociedad para contrastar los fuertes poderes de los lobbies económicos y financieros nacionales e internacionales.

Es indispensable y urgente pasar de la prioridad de los mercados a aquella del bienestar de las personas. Crear conciencia respecto de los derechos ciudadanos sobre los bienes públicos y los bienes comunes para restarlos de la lógica de mercado y de su sobreexplotación para fines personales y devolverlos a la comunidad. Promover iniciativas que favorezcan el desarrollo de la ciudadanía y la participación, superando la exclusión social y garantizando igualdad de derechos y oportunidades. Ese nuevo pacto social debe cristalizarse en una nueva Constitución.

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1. Cabe señalar que desde inicios de siglo XX habían surgido otros movimientos como el pacifista, el anarquista y el de las sufragistas (embrión de lo que será luego el movimiento de mujeres). Los primeros dos eran más políticos que sociales, en el sentido estricto del término; el tercero, aunque ampliamente social, estuvo condicionado por la rígida división existente entre la esfera productiva y reproductiva, y -por tanto- sus instancias reivindicativas se mantuvieron subordinadas a la primera esfera y privadas de una legitimidad propia.

2. Las manifestaciones de los obreros se vuelven más espontáneas y menos programadas, sorprendiendo y superando a las mismas organizaciones sindicales, impulsadas por grupos políticos ajenos a los partidos políticos tradicionales presentes en el Parlamento (extra-parlamentarios). Los estudiantes protestaban junto a los trabajadores y viceversa.

3. La idea venia, ni más ni menos, de Chile: el triunfo electoral de la Unidad Popular y la instauración democrática del gobierno del Presidente Salvador Allende se transformó en la vía democrática hacia el socialismo, a la que plegaron varios partidos comunistas europeos, principalmente, el italiano, conducido por su Secretario General, Enrico Berlinguer. Como se conoce, el compromesso storico entre el PCI y los partidos de centro (la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, los Republicanos y los Socialdemócratas) no se cristalizó. Una hipótesis que ha sido adelantada es que las corrientes “mafiosas” incrustadas en esos partidos centristas acabaron físicamente con Aldo Moro, líder democratacristiano que estuvo dispuesto a suscribir un proyecto de gobierno con el Partido Comunista para democratizar Italia, mejorar las condiciones de vida de su población e implementar las reformas –legales e institucionales- requeridas para llevar adelante ese proyecto.

4. Se define como sociedad postindustrial aquella que es el resultado de un proceso de transformación económica que reestructura la sociedad entera, y se caracteriza por un rápido crecimiento del sector de los servicios -en relación al industrial- basado en la investigación e innovación científica, y en el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación. Desde la perspectiva demográfica se produce una revolución reproductiva: una fuerte disminución de la natalidad y una mayor longevidad.

5. Traducción de la autora.

6. Los Estados ya casi no ejercen su soberanía en el territorio nacional; por ejemplo, los países de la Unión Europea delegaron su política monetaria al Banco Central Europeo, organismo supranacional.

7. Cabe señalar al respecto los movimientos 5 Stelle en Italia, 15-M (los Indignados) en España y los Piratas en Alemania, República Checa, Islandia, Ucrania, entre los más conocidos.

8. Procentese, 2017: 165.

9. Es decir, las condiciones mínimas de la democracia (Bobbio, 1986: p.14).

10. El factor desencadenante fue el alza de 30 pesos de los pasajes del metro. El costo del transporte incide notablemente en el presupuesto popular. Según estudios realizados al respecto, resulta que -en Chile- el valor del pasaje en el tren subterráneo es el más caro de América Latina y equivale al 13,8% del salario mínimo, si se consideran 2 viajes en hora de punta.

11. En grupos muy numerosos, la destrucción y el robo se legitiman pues se saquea a quienes no parecen ser moralmente honrados ya que son los que siempre ganan. Entonces, esos actos -al ser considerados “legítimos”- se expanden en cadena y generan la sensación, en quienes los realizan, que por lo menos algo bueno para sí pueden obtener. Sin embargo, eso sirve para “desplazar la lectura del conflicto al eje orden/violencia, racionalidad/irracionalidad; y así son leídas desde los poderes” (González, 2019: 3).

Arriva, Giuliana (2015). Il conflitto industriale negli anni Settanta: il caso della Candy (1968-1973), tesis universitaria, en: http://www.antoniopizzinato.it/?p=471

Bobbio, Norberto (1986). El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México.

Bosetti, Giancarlo (2019). “Il populismo spiegato a chi c’é”, en: La Repubblica, periódico italiano, sezione Critiche, Grupo Editoriale l’Espresso, Roma, domingo 21 abril.

Ceri, Paolo (2005). “Come sono cambiati i movimenti sociali”, en: Quaderni di Sociologia, N.39, pp. 99-106.

Claro, Hernán (2019). “La reveladora relación entre sueldo mínimo y el pasaje en Metro”, en: https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/10/18/la-relacion-entre-sueldo-minimo-y-pasaje-en-metro/ CNN Chile, (2019).

“El papel que ha hecho Piñera y su ejército es patético”, en: https://www.cnnchile.com/cultura/patricio-guzman-gobierno-pinera-y-militares-es-patetico_20191102/

González, Meyer Raúl (2019). Notas en tiempo real sobre el estallido del 18 de octubre”, en: Le Monde Diplomatique, edición chilena, 17 de octubre 2019.

Guizardi, Menara Lube (2019). “El neoliberalismo en su encrucijada”, en: https://revistaanfibia.com/ensayo/el-neoliberalismo-en-su-encrucijada/

Neudecker, Michael (2016) “¿Es posible más democracia? Una reflexión de Norberto Bobbio”, en: https://debate21.es/2016/01/03/es-posible-mas-democracia-una-reflexion-de-norberto-bobbio/

Paci, Máximo (1991). “Classi sociali e societá post-industriale in Italia”, en: Stato e Mercato, N. 32, pp. 199-217, Societá Editrice Il Mulino, Bolonia.

Procentese, Cristiano (2017). “Crisis della democrazia rappresentativa e nuovi movimienti sociali”, en: Astrolabio, Revista internacional de filosofia, N.20, pp. 159-169, Universidad de Barcelona.

Sánchez Rodríguez Jesús (2018). “La izquierda frente a la derecha radical populista y xenófoba en Europa”, en: http://www.rebelion.org/docs/246806.pdf